La subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Silvia Catalina Uribe García, presentó ante la Corte Constitucional propuestas para que la atención llegue a las comunidades wayuu con mayores necesidades y el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 se traduzca en mejoras verificables en la vida de la niñez y la adolescencia de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
Durante su intervención, Uribe García propuso conectar los registros existentes mediante una línea base wayuu única e interoperable para identificar necesidades, vacíos de atención y duplicidades. También planteó consolidar una matriz de seguimiento del Plan Estructural de Acción con responsables, recursos, plazos e indicadores exigibles, y contar con una presencia institucional directa en el territorio que permita asignar los servicios sin intermediarios y con respeto por la organización propia del pueblo wayuu.
Frente a la desnutrición y la mortalidad infantil, la subdirectora planteó una ruta integral con detección temprana, seguimiento continuo de cada caso y respuesta coordinada con las autoridades sanitarias y territoriales. Además, propuso una metodología de seguimiento judicial que permita establecer si mejora el acceso al agua, las condiciones nutricionales y la atención oportuna, bajo la premisa de que el cumplimiento debe demostrarse con cambios reales en las condiciones de vida de la población, como la disminución progresiva de la tasa de desnutrición y la eliminación de la mortalidad infantil.
Al responder las preguntas de la Corte sobre la focalización sin una línea base consolidada, la representación comunitaria y el acceso de comunidades sin vocero, la funcionaria sostuvo que deben aplicarse criterios públicos y verificables, priorizar a quienes enfrentan mayores riesgos y mantener registradas las comunidades pendientes de atención, al tiempo que recalcó: «Tener un vocero no es un requisito para acceder a los servicios del Estado».
Sobre las duplicidades y la concentración de recursos, Uribe García explicó que los controles del ICBF permiten detectarlas dentro de su propia atención, pero que identificar desequilibrios en el conjunto de la acción estatal exige cruzar información entre entidades.
Este planteamiento lo presentó en la sesión técnica que la Corte Constitucional convocó mediante el Auto 1300 de 2026 para abordar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficiarios y en la selección de contratistas, así como la elaboración del Plan Estructural de Acción.
