Dos sentencias tienen en vilo al gobernador de La Guajira, Nemesio Raúl Roys Garzón. Una, proveniente de la Corte Constitucional, conocida como T-302, que se refiere a la seguridad alimentaria de la comunidad Wayúu y la obligación que le cabe a la Gobernación de acompañar este proceso; y la segunda que corresponde a la decisión que deberá tomar el Consejo de Estado con relación a la demanda por doble militancia en que habría podido incurrir durante las
elecciones de 2018.
Con relación a esta situación, el mandatario seccional manifestó que la sentencia T-302 declara una serie de hechos inconstitucionales en el departamento de La Guajira, especialmente en lo atinente a la población indígena y su seguridad alimentaria, y por ello el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, junto a otras entidades ha venido realizando reuniones con los representantes de la comunidad indígena, para definir ese plan de
acción que debe ser presentado a la Corte y a las cuales la Gobernación ha asistido y cumplido con todas las sesiones, esperando que el proceso de consulta previa y concertación con esta población concluya para desarrollar el plan e implementar las acciones pertinentes en todo el territorio guajiro.
En lo que respecta a la demanda por doble militancia, explica el ingeniero Roys Garzón que durante la campaña proselitista se presentó ante el Consejo Nacional Electoral esa primera solicitud y allí fue rechazada.
“Esperamos que en esta oportunidad ante el Consejo de Estado se tenga la misma respuesta, toda vez que son los mismos argumentos e iguales las pruebas presentadas.
Aquí lo que ha pasado es que otros partidos que no tenían candidatos a la Gobernación prestaron su apoyo como tal a
la candidatura que nosotros lideramos en ese momento y eso fue interpretado por los demandantes como una doble militancia”.
Así las cosas, corresponderá al Consejo de Estado definir si hubo o no una actuación irregular por parte del ingeniero Roys Garzón.
