En un hecho sin precedentes en la capital guajira, el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, cumple desde el pasado 6 de mayo una orden de arresto de 10 días por desacato a una tutela que ordenaba el desalojo de un predio privado ocupado por más de 450 familias, en su mayoría pertenecientes a la comunidad indígena Wayuu. La sanción, emitida por el Juzgado Tercero Penal Municipal, también incluye una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y la suspensión temporal de sus funciones.
El predio en cuestión, de aproximadamente 10 hectáreas y ubicado a cinco kilómetros del centro de Riohacha, pertenece a la ciudadana Idania Manuela Rodríguez Mindiola, quien interpuso una acción de tutela desde 2018 solicitando la restitución de su terreno tras la ocupación irregular del mismo. A pesar de los fallos judiciales a su favor, las autoridades locales no ejecutaron el desalojo, alegando la necesidad de garantizar los derechos de las familias vulnerables asentadas allí desde hace varios años.
La administración distrital ha defendido su actuación, indicando que el alcalde priorizó una salida humanitaria y solicitó acompañamiento institucional para gestionar una reubicación digna. Sin embargo, la jueza consideró que esas gestiones no sustituían el cumplimiento estricto del fallo judicial que ordenaba el desalojo inmediato.
Análisis: derechos enfrentados en el territorio
Este caso refleja una de las tensiones más complejas en los conflictos territoriales en La Guajira: el cruce entre el derecho a la propiedad privada y la protección de derechos fundamentales de comunidades vulnerables. En este caso, aunque las familias Wayuu ocupan el predio desde hace años, no se trata de un territorio ancestral ni parte de un resguardo indígena, sino de una propiedad privada invadida.
La situación se agrava porque las familias que viven allí niños, adultos mayores, mujeres embarazadas en graves condiciones de pobreza, y su desalojo sin una solución alternativa adecuada implicaría una afectación directa a sus derechos humanos.
¿Cómo avanzar hacia una solución justa?
- Mesa de concertación interinstitucional: Crear un espacio de diálogo entre la propietaria, las familias Wayuu, autoridades locales, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas para evitar una confrontación y buscar soluciones dialogadas.
- Reubicación con enfoque diferencial: Las familias deberían ser reubicadas por el Estado en condiciones dignas, con acceso a servicios básicos y garantías culturales para preservar su identidad como pueblo indígena.
- Compensación a la propietaria: El Estado puede compensar a la dueña del predio mediante compra, permuta o pago de indemnización, reconociendo que su derecho ha sido afectado por la ocupación irregular.
- Seguimiento judicial y social: Es clave que se articulen las decisiones judiciales con una respuesta institucional seria, que evite revictimizar a los más vulnerables y al mismo tiempo restituya el derecho de propiedad.
Este caso no debe verse solo como una controversia judicial, sino como un reflejo del abandono estructural del Estado en materia de vivienda, atención a pueblos indígenas y restitución de derechos en zonas rurales. La justicia, en este contexto, no puede ser solo punitiva: debe también ser reparadora, equilibrada y con enfoque humano.
Redacción: Kararuta Guajira
