El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica como respuesta a la grave situación generada por las inundaciones que se vienen presentando en varias regiones del país, las cuales han ocasionado serias afectaciones en viviendas, infraestructura vial, servicios públicos y actividades productivas.
De acuerdo con la información oficial, la medida cobija de manera prioritaria a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, territorios que concentran los mayores impactos derivados de las lluvias intensas y los desbordamientos de ríos registrados en las últimas semanas.
Según explicó el Gobierno Nacional, la declaratoria permitirá activar instrumentos extraordinarios para acelerar la asignación de recursos, la contratación de obras y la ejecución de programas de atención humanitaria, con el propósito de responder de manera oportuna a las comunidades damnificadas y mitigar las consecuencias económicas y sociales que deja la emergencia climática.
En estas regiones se reportan pérdidas de cultivos, interrupción de corredores estratégicos de movilidad, afectaciones en redes de acueducto y saneamiento básico, así como daños en viviendas, lo que ha generado un escenario de alta vulnerabilidad para miles de familias, especialmente en zonas rurales y en comunidades que dependen directamente de la agricultura, la pesca y el comercio local.
El jefe de Estado precisó que uno de los principales objetivos de las medidas que se adopten es garantizar que la atención no se limite únicamente a la fase inmediata de la emergencia, sino que permita avanzar en procesos de recuperación económica, rehabilitación de infraestructura y restablecimiento de las condiciones mínimas para la productividad en los municipios más afectados.
Finalmente, el presidente Petro reiteró que la atención a esta crisis debe ir acompañada de una visión de mediano y largo plazo, enfocada en la gestión del riesgo, el ordenamiento del territorio y la adaptación al cambio climático, de manera que se reduzca la exposición de las comunidades frente a futuros eventos extremos y se consoliden bases más sólidas para el desarrollo regional.
