La Procuraduría General de la Nación ha tomado una postura firme al sancionar a Kelvy Jossier Alcendra Cotes, subrayando que su comportamiento no solo incumple las normas éticas y morales que deben regir la profesión docente, sino que también afecta gravemente la integridad de los estudiantes.
La decisión de destituirlo e imponer una inhabilidad de 12 años indica la seriedad con la que se aborda este tipo de situaciones. Es fundamental que las instituciones educativas sean espacios seguros y respetuosos, donde los estudiantes puedan aprender y desarrollarse sin temor a abusos. El recurso de apelación presentado por el abogado de Alcendra Cotes será un proceso a seguir, pero la evidencia de la conducta inapropiada parece contundente.
Es un recordatorio de la importancia de proteger a los estudiantes y garantizar que los educadores cumplan con su deber de cuidar y respetar a quienes están bajo su responsabilidad.
