Homicidios, desplazamiento forzado e intimidación denuncia el Gobierno Mayor de las Autoridades Tradicionales.
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor por medio de La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los pueblos Indígenas de Colombia, constituida bajo el Decreto 1396 de 1996, RECHAZA, REPUDIA, y DENUNCIA PÚBLICAMENTE ante los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, los hechos lamentables que vienen ocurriendo en el departamento de La Guajira en el municipio de Uribia, resguardo alta y media Guajira en contra de la comunidad de Juratshi desde el 12 de octubre del año 2021.
Se han violentado los derechos humanos de la comunidad Wayuu (pueblo que actualmente está declarado en peligro de extinción física y cultural por Sentencia T 025 de 2004, Autos de seguimiento 004 de 2009 y Auto 266 de 2017 de la honorable Corte Constitucional) especialmente ha sido vulnerado el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la seguridad, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, al trabajo, al territorio, a la autogobernanza ,a la soberanía alimentaria de los niños y niñas Wayuu y por ende de toda la comunidad, que han generado los actos de desplazamiento forzado, confinamiento, homicidios, amenazas, intimidación, atentados, entre otros; rompiendo la armonía espiritual, territorial y ancestral.
La comunidad ha realizado todas las denuncias por los hechos violentos ante los entes municipales ministerio público, alcaldía municipal y enlaces étnicos sin que a la fecha se accione una ruta efectiva para salvaguardar la comunidad y su vida misma.
El último hecho victimizante se presentó el día de ayer 22 de marzo de 2022 ingresaron a la comunidad 15 hombres armados con uniformes camuflados tipo desierto, con armas de fuego de largo calibre, chalecos antibalas, capuchas, y botas causando miedo, terror, y zozobra amedrentando, confinado y desplazando algunos a algunos núcleos familiares de la comunidad Juratshi por temor de perder su vida por los diferentes atentados que este grupo viene cometiendo y es de conocimiento de las autoridades municipales de Uribia y departamentales de La Guajira, la semana pasada fueron desplazadas cuatro núcleos familiares de manera paulatina, sin esta Comisión Nacional de Derechos Humanos tener conocimiento del destino de la comunidad y sus integrantes.
Una práctica habitual en torno a los desplazamientos forzados en contra de la comunidad de Juratshi ha sido la destrucción de los hogares de los núcleos familiares desplazados, los grupos armados entran a los hogares, rompen los candados de las casas y se hurtan todos los bienes muebles dentro de estas.
El grupo armado ha ingresado en repetidas ocasiones a la comunidad de Juratshi buscando con nombre propio a la autoridad tradicional una mujer indígena de 82 años la Mayora Remedio Sierra, amedrentando y amenazándola de muerte con palabras soeces, además su hija fue gravemente golpeada y su hermano menor Enrique Sierra Ipuana fue asesinado hace un mes en el contexto de estos hechos violentos en contra de la comunidad de Juratshi, denuncia que reposa ante la fiscalía Nacional FPJ-2- ÚNICO DE NOTICIAS CRIMINAL 444306099081202200111 .
La autoridad tradicional mayora Remedio, en un acto doloroso y en medio del desespero, como lo ha expresado a esta Comisión, se encuentra desplazada en la ciudad de Bogotá D. C por los hechos expuestos, en búsqueda de soluciones reales para la comunidad que representa, soluciones que ha pedido repetidas veces a los entes gubernamentales municipales y de los cuales no ha obtenido ninguna medida que pueda ayudar a solucionar esta grave situación. Esta Comisión solicita que se active de manera inmediata y prioritaria la ruta especial del Distrito para población indígena desplazada a la Mayora Remedio Sierra por ser una mujer indígena autoridad de tercera edad, así como las demás rutas que den lugar.
Sumado a lo anterior 90 niños y niñas de la comunidad de Juratshi del pueblo Wayuu han sido afectados, han sido objeto de amenazas directas por estas personas armadas. Debido a esta zozobra y el miedo, no han podido desplazarse a la escuela que queda dentro de la comunidad, así como tampoco a los sitios en donde se les entrega alimentación por parte del ICBF.
En uno de estos hechos lamentables, la comunidad logró identificar dentro de los grupos agresores a algunos miembros de la comunidad de Rutimana, miembros también del pueblo wayuu, estando de igual manera uniformados con camuflados tipo desierto y armados de igual manera que el grupo armado no identificado.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, advierte que estos hechos violentos no derivan de conflictos interétnicos, dado que dentro del código Wayuu: Derecho Propio, Derecho Mayor o Ley de Origen, está completamente prohibido el uso de uniformes, de armas de largo calibre, así como el atentar contra la vida y la integridad física de las mujeres, niños y niñas del pueblo Wayuu.
La Comisión recuerda que actos como estos han sido reportados en ocasiones pasadas con otras comunidades indígenas Wayuu las que han terminado en matanza y desplazamientos masivos.
Los entes gubernamentales han descalificado la situación del pueblo Wayuu minimizando a problemas interétnicos desconociendo los factores subyacentes al conflicto armado, concepto plenamente reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano y en sentencias de la Corte Constitucional Auto 004 de 2009.
Este concepto entiende el conflicto armado en sentido amplio y enmarca dentro de este caso de disputa por el actuar de multinacionales extractivistas interesadas en el territorio por un proyecto, obra o actividad sin un proceso real de Consultas Previa libre e informada tal cual como está normado por el Convenio 169 de la OIT ratificado por la ley 21 de 1991.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Autoridades Tradicionales Indígena de Colombia Gobierno Mayor hace un llamado urgente a favor de la comunidad de Juratshi del pueblo Wayuu, sujetos de especial protección constitucional, a sus autoridades, mayores y mayoras, niños, niñas, mujeres para salvaguardar su vida, como bien jurídico de máxima protección, su integridad física y todos y cada uno de sus Derechos Humanos.
Exigimos al Gobierno colombiano representado en todas sus instancias nacionales, regionales y locales, especialmente al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, para que actúen de manera inmediata con acciones reales, políticas y materiales, a favor de la comunidad de Juratshi. Asimismo, esta Comisión hace un llamado a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales garantes de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario para que intercedan, aboguen y ayuden a la pervivencia física y cultural de la comunidad de Juratshi del pueblo Wayuu mediante la activación de todos los mecanismos previstos para tal.
